Residuos y sus sanciones

Una realidad persistente

Siempre llama poderosamente la atención cuando se circula por alguna carretera local ver que todavía hay alguien que se toma la molestia (en el peor sentido posible de la expresión) de desplazarse hasta un lugar lejano para verter los restos de un derribo, por ejemplo. Pero todavía llama más la atención ver, también de vez cuando, un pequeño claro en el bosque con un letrero que reza “vertedero clausurado”.

El torrente de reflexiones se hace inevitable. Si está clausurado, ¿qué sentido tiene usar la palabra vertedero? Es como si, de algún modo, se estuviera reconociendo que esa realidad sigue ahí presente y que una circunstancia administrativa la ha alterado, pero quizás esto pueda ser revertido. Es algo parecido a lo que ocurre en determinadas autovías donde un cartel nada provisional indica: tramo con concentración de accidentes. ¿No estamos elevando a una categoría estable una serie de situaciones que queremos que sean estrictamente temporales?

En la primera década de este siglo se consiguieron cerrar en España hasta 4.000 vertederos ilegales, también llamados escombreras, entre otras denominaciones. Pero ello no terminó con un problema recurrente que todavía puede percibirse tanto en zonas periurbanas como en algunas zonas rurales más apartadas, donde los infractores tienen una sensación total de impunidad ante la falta absoluta de testigos oculares.

Las implicaciones de esta realidad son bien conocidas: menor recuperación de recursos, degradación ambiental y estética, peligro de incendio, contaminación del entorno y especialmente del suelo y de las aguas subterráneas, entre muchas otras.

Eficacia de las multas

¿Son las multas elevadas la solución en mayúsculas a este problema? La realidad demuestra que no. La penalización por una acción irresponsable debe existir, eso nadie lo pone en duda, pero es evidente que, aunque las multas fueran dobladas, el problema persistiría. La cuestión tiene que ver con lo que los anglosajones denominan el law enforcement o la capacidad efectiva de hacer cumplir la ley. Volviendo a las autovías, si en un tramo no hay ningún tipo de vigilancia ni humana ni electrónica sobre la velocidad, ¿quién puede frenar al conductor desbocado? La sensación de que se puede escapar fácilmente a cualquier sanción es el motor de la infracción.

Se alega en ocasiones de que estamos ante una cuestión de falta de cultura, pero el hecho de que buena parte de los vertidos ilegales se produzcan en horas nocturnas demuestra que existe una conciencia clara sobre la acción que se ha llevado a cabo. Tristemente, la causa principal podría ser tan banal como una “comodidad” muy mal entendida.

Dado que de momento -y afortunadamente- no todo el territorio es vigilable y dada la imposibilidad de monitorizar los movimientos de miles o millones de agentes, ya sean empresas o personas, lo más razonable es arbitrar un conjunto inteligente de medidas en que junto al palo aparezca también la zanahoria en forma de bonificaciones y recompensas para aquellos que hagan las cosas bien. ¡Y esto ya existe! solo hay que potenciarlo y sobre todo explicarlo bien las veces que haga falta.

Está comprobado. Cuando uno se encuentra con alguien que está utilizando un área de contenedores para dejar justo al lado las pertenencias que ya no quiere pueden pasar tres cosas. Una es ignorarlo para evitar cualquier conflicto. Otra es afearle su conducta y entrar abiertamente en un conflicto. Hay una tercera más eficaz, informarle en un tono neutro de que si lleva los materiales que ha abandonado al punto verde tendrá una rebaja en sus impuestos municipales. En cuyo caso las multas siempre estarán ahí en el caso de que su mezquindad gane a su sentido común.