Además de comprometer la supervivencia de la vida submarina, pues los animales a menudo se enredan en estos residuos, cuando no los ingieren y mueren, la UE argumenta que estos residuos del océano repercuten sobre la salud humana, exponiendo a las personas a productos químicos a través de la cadena alimentaria. También afectan a la economía, con un coste estimado de entre 259 y 695 millones de euros —principalmente dañando los sectores pesqueros y el turismo— según los estudios que ha llevado a cabo el Parlamento Europeo. Por otro lado, combatir este problema contribuye al mismo tiempo a la lucha contra la crisis climática, ya que “reciclar 1 millón de toneladas de plástico equivale a retirar 1 millón de automóviles de la carretera (en términos de emisiones de CO2)”, alegan desde el Europarlamento.  

Por eso gravar el consumo de plásticos se ha presentado como una solución para frenar esta degradación ambiental que se ha acelerado en las últimas décadas y que amenaza con dejar en 2050 un mar más habitado por plásticos que por peces, según los cálculos de la Fundación Ellen MacArthur. 

Con el nuevo impuesto se pretenden recaudar unos 724 millones de euros, si bien “esos ingresos podrían triplicarse y escalar por encima de los 2.500 millones al año si no se circunscribiera a los plásticos de uso alimentario y se extendiera a toda la fabricación e importación de cualquier tipo de plástico no reutilizable”, escribió en una tribuna Carlos Cruzado, el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).