Dada la situación actual del planeta y los problemas derivados del modelo productivo y de consumo de las economías industrializadas -degradación de los ecosistemas a causa del vertido inapropiado de residuos y la actividad de las industrias no sostenibles, sobresaturación de los vertederos y el potencial riesgo para la salud que presentan las incineradoras, y sobreexplotación de las fuentes naturales de recursos- urge aplicar un cambio radical en el modelo lineal de producir-consumir-tirar.

Esta es la opinión que, es seguro afirmar, comparten hoy todas las personas comprometidas con el medio ambiente, que en su mayoría buscan transitar hacia una economía circular que minimice el impacto ambiental de la actividad humana y maximice el aprovechamiento de los recursos que ya hay en circulación.

Y eso pasa por aplicar -al día a día de los ciudadanos y a la forma de plantear los negocios- las famosas tres erres: reducir el consumo, evitando comprar compulsivamente y eligiendo productos con menor impacto en el planeta (aplicando la máxima de “menos es más”); reutilizar los bienes, extendiendo su vida útil en tanto sea posible; y reciclar los productos una vez éstos hayan dejado de servir su función.

En Europa, la legislación para garantizar la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales ha llegado a la materia orgánica, al papel, a los envases de plástico, al vidrio, a los aparatos electrónicos, a los residuos peligrosos y, recientemente, también a los textiles. El nuevo paquete de economía circular aprobado en mayo de 2018 fija unas metas de reciclaje del 55% para 2025, del 60% para 2030 y del 65% para 2035.

Entre las nuevas reglas, el paquete establece también la obligación de recoger de manera separada los biorresiduos, los desechos peligrosos producidos en los hogares y los residuos textiles. En cuanto a estos últimos, no obstante, la legislación europea no fija unos objetivos concretos, pero sí obliga a que, antes del 31 de diciembre de 2024, cada Estado miembro haya establecido dichos objetivos de reutilización y reciclado del textil.

El desecho textil en la UE

La medida de garantizar la gestión sostenible de los residuos textiles resulta más que oportuna en un escenario como el de la UE, el mayor mercado mundial de textiles, con un consumo familiar en ropa que asciende a los casi 500.000 millones de euros. Por si fuera poco, los ciudadanos de la UE en su conjunto descartan cada año unos 16 millones de toneladas de textiles.

Sólo en España se destinan anualmente 900.000 toneladas de textil al vertedero, mientras que apenas un 10% de los desechos -entre 85.000 y 90.000 toneladas- se recoge en contenerizaciones puntuales. Pese a ello, a día de hoy no existe en este país un sistema de responsabilidad ampliada del productor para los flujos de residuos textiles.

Y fruto de esta carencia ha surgido este invierno la asociación Ecotextil, formada por un grupo multidisciplinar de técnicos del ámbito de la gestión de residuos, la responsabilidad ampliada del productor y la sostenibilidad que busca instaurar en España un Sistema Integrado de Gestión de Residuos de textil, y seguir en este sentido los pasos de Francia, el primer país europeo en adoptar una ley obligatoria de responsabilidad ampliada del productor para los textiles.

El ejemplo de Francia

En su presentación en el Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) los promotores de Ecotextil pusieron como ejemplo el modelo de Francia, y alegaron que una de las “medidas clave” para implementar los objetivos recogidos en la Ley de transición energética para el crecimiento verde (que se propone reciclar el 55% de los residuos para 2020 y el 60% para 2025 y recuperar solo la energía de los desechos que no puedan ser reutilizados y reciclados) es “a través de las leyes de responsabilidad extendida del productor para diversos productos, entre ellos los textiles”.

Esta ley que el país galo estableció sobre la responsabilidad ampliada del producto para todo el sector textil se aplica a todo artículo de ropa, lino y calzado (denominados TLC, en francés) puesto a disposición de los hogares, y otorga la responsabilidad a los productores e importadores de estos objetos para garantizar la recolección y el procesamiento posterior a su consumo. Además, establece unos objetivos concretos para 2019: al menos la mitad de los TLC que hayan sido descartados deberán ser recogidos de forma separada y se deberá encontrar una salida -recuperación mediante la reutilización o el reciclaje- para el 95% de éstos, mientras que sólo un máximo del 2% podrá acabar en vertederos. La legislación francesa va todavía más allá, y propone una vía para lograr estas metas: crear al menos un punto de recolección por cada 1.500 habitantes, a nivel nacional.

Dado que España está obligada a implementar la recogida selectiva de residuos de textil desde el mismo 1 de enero de 2025, la recién constituida asociación de Ecotextil insta a adoptar una nueva legislación “que establezca un sistema de responsabilidad ampliada del productor obligatoria para todos los productores e importadores de textil, lo que conllevaría a la creación de nuevo Sistema Integrado de Gestión para este flujo de residuos”, arguyen.