En el año 1953 el economista Howard Bowen, acuñó el término de Responsabilidad Social Empresarial en EEUU a través de su libro “Social Responsibilities of the Businessman”, subrayando la ineludible responsabilidad de las empresas para con la sociedad y el medio ambiente. Desde entonces hasta ahora, el impacto de las empresas sobre el entorno se ha ido volviendo cada vez más relevante, contribuyendo irremediablemente al deterioro medioambiental que sufrimos actualmente.

La mayor parte de los procesos económicos y productivos que se desarrollan en la actualidad en nuestro planeta tienen un impacto en el equilibrio medioambiental: afectan a las aguas, las riberas de mares y ríos, al suelo, la flora y fauna silvestres y los hábitats en que se desarrollan.

La manera despreocupada en que se han desarrollado estas actividades durante siglos ha dado lugar a una grave alteración del medioambiente que nos ha llevado a la situación de crisis climática y medioambiental en que nos encontramos.

A esto se suma el hecho de que toda actividad productiva requiere el uso de unos recursos que a día de hoy no tenemos: estamos sobreexplotando la Tierra a un nivel que nos hace consumir en un año los recursos de dos veces nuestro planeta, y no cabe duda de que su agotamiento afectará directamente al bienestar de las sociedades futuras.

Ante esta situación surge la necesidad de establecer un marco legal que permita cambiar las reglas del juego, y dichas leyes ponen el foco en las empresas situándolas como agente de cambio.

En el año 2004 el Parlamento Europeo publicó la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental, que sentó las bases de la Ley 26/2007 en nuestro país, que determinaba un marco legal para la prevención de daños medioambientales por parte de las empresas, así como un régimen que permitiera paliar cualquier impacto negativo que su actividad tuviera sobre el medio ambiente.

De forma muy resumida, la ley de responsabilidad medioambiental planteaba que cualquier organización que dañase o tuviese el riesgo de dañar el medio ambiente, debía adoptar las medidas necesarias para evitarlo y, en caso de no lograrlo, estaría obligada a devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

Aunque esta ley supuso un punto de inflexión, lo cierto es que se han ido realizando modificaciones en ella con el objetivo de mejorar el compromiso de empresas y organizaciones y de mejorar su alcance:

• Se establecieron los análisis de riesgos medioambientales (que realizan las organizaciones de forma voluntaria) como mecanismo para reforzar la protección.
• Siguiendo la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, se amplió la protección del medio ambiente a las aguas marinas.
• Se simplificó y agilizó el procedimiento de constitución de garantía financiera obligatoria, de modo que son los operadores quienes determinan a día de hoy la cuantía de la misma (partiendo del análisis de riesgos medioambientales de su actividad), y quienes lo comunican a la autoridad competente. Aquellos operadores con bajo potencial de generar daños medioambientales y actividades de bajo nivel de accidentalidad quedarán exentos.
• Debido a la complejidad técnica que entraña la tramitación del procedimiento de responsabilidad medioambiental, se amplió a 6 meses el plazo de tiempo para resolverlos.
• Se ampliaron también los sujetos cubiertos por la garantía financiera incluyendo a los titulares de las instalaciones en las que se realizase la actividad que pudiera ocasionar los daños medioambientales.
• Se permitió la actualización de los límites cuantitativos de la garantía financiera con el objetivo de adaptarla a la evolución de la oferta en los mercados financieros.

Por parte de las empresas, el compromiso de responsabilidad ambiental requiere ir más allá de lo que la ley exige y establecer un compromiso real con el desarrollo sostenible a