Lograr reducir nuestro impacto medioambiental requiere la creación de un marco normativo acorde. Aunque la aprobación de leyes llega con retraso con respecto a la constatación científica de amenazas y peligros para nuestra salud y medio ambiente, es imprescindible conocer las normas que regulan la calidad del aire que respiramos.  

Garantizar la calidad del aire y la protección de la atmósfera

Los niveles de contaminación a los que estamos expuestos son un problema que no admite discusión, por ello, en 2007 se sentaron las bases en lo referente a la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica, con el objetivo de reducir los daños que, a consecuencia de ella, puedan sufrir tanto las personas como el resto de seres vivos y ecosistemas.  

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera supuso la renovación del marco legislativo de referencia sobre la prevención de la contaminación atmosférica. Su aprobación supuso la derogación de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, con más de 30 años de antigüedad y aprobada en un contexto medioambiental muy distinto.  

La aprobación de esta ley supuso la adopción de un enfoque integral en lo que a contaminación atmosférica se refiere ya que no se limita a regular actividades sujetas a un régimen de intervención administrativa, sino que establece un inventario de emisiones a la atmósfera (en constante renovación) que permite evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en el marco de la normativa internacional y europea de emisiones a la atmósfera. 

Hablamos por tanto de una ley con un amplio alcance que además recoge actividades potencialmente contaminantes para la atmósfera, independientemente de si su titularidad es pública o privada. Solo quedan fuera de ella los ruidos y vibraciones, las radiaciones ionizantes y no ionizantes y los contaminantes biológicos (que deben regirse por su normativa específica). 

Novedades que introdujo la Ley 34/2007 

Si nos centramos en las novedades que aportó la Ley 34/2007, es importante tomar como punto de partida la reestructuración del catálogo de actividades potencialmente contaminantes para la atmósfera en un único listado, que se orienta a la actividad (no a la instalación), y se basa en la sistematización SNAP-07, empleada internacionalmente y usada en el inventario español de emisiones. 

Además, la ley logró una mayor precisión en la definición de actividades y recurrió al uso de umbrales para establecer los requisitos de control de emisiones en función del potencial real contaminante de cada actividad. En esta línea de concreción, desarrolló los criterios de determinación de los valores límite de emisión en la autorización y eliminación de las periodicidades mínimas de controles internos y externos de las emisiones. Esto permitió adecuar dichos valores a las condiciones de la actividad en el contenido de su autorización, o con posterioridad al registro. 

Por otro lado, se reforzó el papel de los planes de mejora de la calidad del aire al posibilitar, en su ámbito territorial de aplicación, cambios de actividades a grupos más restrictivos y estableciendo disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones. Esto permitió concentrar las medidas en aquellos lugares donde son necesarias, ligadas en todo momento a la problemática específica contemplada desde el punto de vista local. 

La ley también supuso la actualización de las obligaciones de los titulares en relación a las emisiones y su control, de los requisitos relativos a los procedimientos de control y de los procedimientos de registro e información de las emisiones, de hecho, cabe destacar la reducción de cargas administrativas, que permiten coordinar los trámites de autorización y notificación con otros similares existentes en otros ámbitos, y la priorización del formato electrónico para la realización de trámites.  

Por último, se establece la obligación de las comunidades autónomas de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la información relevante relativa a las instalaciones para su integración en el Sistema español de información, vigilancia y prevención de la contaminación atmosférica. 

Legislación complementaria

La Ley 34/2007 se complementa normativas posteriores que le permiten adaptarse a los hallazgos científicos y lograr que las emisiones a la atmósfera estén cada vez mejor reguladas y más controladas.  

El Real Decreto 100/2011, actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminantes para la atmósfera y establece las disposiciones básicas para su aplicación. A este se suma el Real Decreto 818/2018, que establece las medidas necesarias para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y surge a consecuencia de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo (que establece nuevos compromisos nacionales para la reducción de las emisiones del dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos y amoniaco y limita las emisiones de las partículas finas). Este Decreto de 2018 también regula la elaboración de un “Programa Nacional de Control de la Contaminación”, que deberá ser aprobado y presentado ante la Comisión Europea y contendrá medidas aplicables a todos los sectores para garantizar el cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones. Además, establece la creación de una red de seguimiento del impacto de la contaminación atmosférica en los ecosistemas y actualiza la regulación del Sistema Español de Inventario y Proyecciones de Emisiones a la Atmósfera (SEI).